El caso Murdoc pone la libertad de prensa en el punto de mira de la clase política.

A raíz del escándalo de las escuchas ilegales que llevó al cierre del diario News of the World, el primer ministro británico, David Cameron, ha pedido un nuevo sistema de regulación de los medios de comunicación. “Este nuevo sistema de regulación mantendrá un equilibrio entre los derechos a la privacidad de las personas y el interés público”, agregó en rueda de prensa urgente, en su oficina de Downing Street, tras el anuncio del cierre del diario.

Y en el principio que se defiende estamos todos de acuerdo, la actividad periodística se sustenta sobre el interés informativo, amparando el derecho fundamental a la intimidad y el honor de las personas. En lo que no podemos estar de acuerdo es en que haga falta un nuevo sistema de regulación de los medios de comunicación, para eso están los Tribunales de Justicia Ordinarios, que son precisamente los que están actuado con total diligencia, garantías y eficacia en el caso que nos ocupa.

Detrás de toda esta campaña se esconde una maniobra política que es tanto más terrible, cuanto menor es la calidad humana de los personajes que la respaldan. Porque, no es lo mismo que David Cameron en el Reino Unido proponga: «creo que necesitamos un nuevo sistema, la investigación tendrá que recomendar cómo debería ser, pero mi presunción inicial es que debería ser realmente independiente, independiente de la prensa (…) pero vitalmente independiente del Gobierno, para que el público sepa que los políticos no intentan controlar o amordazar a una prensa que debe ser libre, para hacer rendir cuentas a los políticos» …  que, Rafael Correa, en Ecuador, asegure que “los corruptos no están en la revolución ciudadana, los corruptos están en la prensa; sinvergüenzas que siempre han querido manejar este país y ahora tratan de conspirar”.

Es decir, los resultados de una medida restrictiva de la libertad de prensa de estas características, no tiene los mismos efectos en Gran Bretaña o Australia que en Bolivia, Ecuador, España o Venezuela. No son iguales el primer ministro británico David Cameron o la primer ministro Julia Gillard, que los presidentes Morales, Correa y Chavez o el menos conocido Rubalcaba, actual candidato a la presidencia del gobierno de España, exministro portavoz de un gobierno implicado en un caso de secuestro y doble asesinato y ministro del interior en una etapa caracterizada por una presunta colaboración con banda armada y la destrucción masiva de pruebas del mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha.

Jaleados por una cobertura informativa internacional, un tanto exagerada y sensacionalista, la clase política hispana no va a perder la oportunidad de asestar un golpe definitivo a la libertad de prensa. En la carrera por el control del poder mediático se suceden las declaraciones para intentar obtener el apoyo social en este, a nuestro juicio, suicidio colectivo.

En todo este cúmulo de despropósitos, desde la oposición se alzan algunas voces discordantes que intentan aportar algo de sensatez a este asunto. Así, en España, Pío García-Escudero (portavoz en el Senado del principal partido en la oposición) considera que el proyecto de creación del Consejo Audiovisual impulsado por el Gobierno socialista es una «amenaza cierta» para la libertad de expresión, y ha recordado que «en España ya existe un sistema jurídico de garantías que vela por el difícil equilibrio entre el derecho a la información y el resto de derechos fundamentales» (EFE). Ahora, cuando logren acceder a las riendas del poder, ¿renunciarán voluntariamente a esta nueva herramienta de control sobre la información que reciben los ciudadanos?. Sinceramente, no lo creo, de cualquier manera, si nos lo permiten, les informaremos de ello.